Personas con discapacidad contarán con presupuesto de los gobiernos locales y regionales

Congreso aprobó propuesta que dispone uso de recursos en favor de esta población

Con el objetivo de que los gobiernos locales y regionales utilicen parte de su presupuesto en iniciativas que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad, el Pleno del Congreso aprobó una iniciativa legislativa que dispone el uso obligatorio y permanente del 1% del presupuesto de los gobiernos locales y regionales para atender las necesidades de este importante sector de la población.

El dictamen, recaído en el proyecto de ley de la congresista Marleny Portero, dispone que los gobiernos locales y regionales deberán utilizar el 0.5% de su presupuesto para la realización de obras, mantenimiento, reparación o adecuación destinados a mejorar o proveer de accesibilidad a la infraestructura urbana de las ciudades incluyendo el acceso a las sedes regionales y municipales que están al servicio de todos los ciudadanos y prioritariamente a quienes se encuentren en situación de discapacidad.

De la misma manera, los gobiernos subnacionales deberá utilizar el 0,5% de su presupuesto institucional, debiendo priorizarse su ejecución, para financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios que por Ley deben realizar las Oficinas Regionales de Atención a la Persona con Discapacidad (OREDIS) y las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) a favor de la población con discapacidad de su jurisdicción.

Asimismo, la iniciativa ha considerado el establecimiento de las condiciones para el cálculo, las fases de programación multianual y formulación presupuestaria, y la metodología de cálculo, además de los mecanismos de fiscalización y control a los que deberán de someterse los gobiernos locales y regionales a fin de garantizar el cumplimiento de esta importante disposición.

Con esta decisión del Congreso se pondría fin a una dura lucha que enfrentaban anualmente los colectivos y representantes de las personas con discapacidad para que el gobierno incorpore esta disposición en la Ley de Presupuesto pero que, sin embargo, su ejecución ha sido permanentemente reducida e incumplida.

Como se recuerda, este mandato se incluía anualmente en la sección de Disposiciones Complementarias en la Ley de Presupuesto presentado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso de la República desde hace 14 años; sin embargo, esta disposición no se cumplía, carecía de criterios técnicos para la inversión de los recursos y no había manera de fiscalizarlo. El dictamen aprobado por el Parlamento corrige esta situación y los únicos beneficiarios serán las personas con discapacidad, que alcanza el 10.4% de la población nacional.